El ayuntamiento de Sevilla ha iniciado una campaña para erradicar la prostitución de sus calles. Son pocos los Ayuntamientos que se deciden de forma firme y clara a luchar contra la prostitución, y los que lo hacen suelen intentarlo desde una perspectiva eminentemente sancionadora y culpabilizadora.
Que la prostitución trae consigo inseguridad ciudadana, drogas y delincuencia no es totalmente cierto; no hay más que darse una vueltecita por las páginas de “contactos” de cualquier periódico, donde se ofrecen todo tipo de “ofertas” sexuales con intimidad y discreción. Además de dejar importantes beneficios a las rotativas. Entonces de qué va todo esto?
La prostitución de la que hablamos, la que nos molesta socialmente, tiene más que ver con la pobreza y la marginación; con el tráfico y la agresión a las mujeres, con redes mafiosas… que con cualquier otra cosa. No seamos hipócritas, aún sigue imperando una doble moral que lleva a muchos hombres, porque no olvidemos que los usuarios de este tipo de prostitución marginal (y de la socializada también) son en su mayoría hombres, a consumir prostitución incluso como colofón para celebraciones tan socialmente admitidas como una comida de negocios o una despedida de solteros.
En la pasada legislatura quedó pendiente un debate sobre la situación legal de la prostitución en España por falta de entendimiento de los principales actores políticos; así las cosas cada municipio y cada comunidad establece sus propios criterios, con un marco de actuación muy delimitado, pero sobre todo son las ONGs, como siempre, las que más se implican. Se perdió una oportunidad, y seguimos con el mismo vacío legal, sólo salvaguardado por la despenalización (1995 y 2003) del ejercicio de la prostitución entre adultos “libremente acordada”; por alguna jurisprudencia sobre los derechos laborales de las trabajadoras del sexo o la sanción a quien “se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”.
Todo es cuestión de ideología: la prostituta como una delincuente en el sistema prohibicionista, como un riesgo para otros en el sistema reglamentista, como una trabajadora legítima en el sistema de laboralización, o como una víctima de esclavitud o de violencia de género en el sistema abolicionista. ¿Quién da más?
Toñi Asencio
Que la prostitución trae consigo inseguridad ciudadana, drogas y delincuencia no es totalmente cierto; no hay más que darse una vueltecita por las páginas de “contactos” de cualquier periódico, donde se ofrecen todo tipo de “ofertas” sexuales con intimidad y discreción. Además de dejar importantes beneficios a las rotativas. Entonces de qué va todo esto?
La prostitución de la que hablamos, la que nos molesta socialmente, tiene más que ver con la pobreza y la marginación; con el tráfico y la agresión a las mujeres, con redes mafiosas… que con cualquier otra cosa. No seamos hipócritas, aún sigue imperando una doble moral que lleva a muchos hombres, porque no olvidemos que los usuarios de este tipo de prostitución marginal (y de la socializada también) son en su mayoría hombres, a consumir prostitución incluso como colofón para celebraciones tan socialmente admitidas como una comida de negocios o una despedida de solteros.
En la pasada legislatura quedó pendiente un debate sobre la situación legal de la prostitución en España por falta de entendimiento de los principales actores políticos; así las cosas cada municipio y cada comunidad establece sus propios criterios, con un marco de actuación muy delimitado, pero sobre todo son las ONGs, como siempre, las que más se implican. Se perdió una oportunidad, y seguimos con el mismo vacío legal, sólo salvaguardado por la despenalización (1995 y 2003) del ejercicio de la prostitución entre adultos “libremente acordada”; por alguna jurisprudencia sobre los derechos laborales de las trabajadoras del sexo o la sanción a quien “se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”.
Todo es cuestión de ideología: la prostituta como una delincuente en el sistema prohibicionista, como un riesgo para otros en el sistema reglamentista, como una trabajadora legítima en el sistema de laboralización, o como una víctima de esclavitud o de violencia de género en el sistema abolicionista. ¿Quién da más?
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